Habeas corpus y duración de la detención

Keep calm and habeas corpus Duración de la detención y rigidez en los protocolos de conducción de detenidos.

Sobre la duración de la detención y la posibilidad de plantear el habeas corpus por haber devenido ilícita la detención al posponerse más de lo necesario.

Como es sabido, la detención no puede posponerse más de las 72 horas de duración, por mandato de los artículos 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y 17.2 de la Constitución, a excepción de lo dispuesto en aplicación de la legislación antiterrorista. Ello no quiere decir que pueda durar indeterminadamente dentro de ese período. Los dos precitados artículos establecen que “la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos”.

Lo que se traduce en que una vez realizadas las diligencias estrictamente necesarias, es decir, una vez confeccionado el atestado, la persona detenida habrá de ser trasladada ante la autoridad judicial o puesta en libertad. Por lo que, en términos del Tribunal Constitucional, lo que el artículo 17.2 de la Constitución establece son dos plazos respecto la detención, uno de carácter relativo y otro absoluto. El primero consistiría en el tiempo estrictamente necesaria para el esclarecimiento de los hechos, el cuál es variable, y el segundo con plena concreción temporal, fijándose el límite de 72 horas (STC 165/2007, de 2 de juliol).

Afectando claramente la detención al derecho a la libertad personal, la detención podría vulnerar de forma injustificada ese derecho, y por tanto devenir ilícita, contraviniendo aquello prescrito en el artículo 17.2 de la Constitución, ya sea sobrepasando el término máximo absoluto de 72 horas o ultrapasando el límite relativo. Es decir, la detención que en un primer momento puede haber sido lícita por produirse de acuerdo con sus causas habilitantes, y sin que se hayan visto afectados otros derechos diferentes al de la libertad personal, puede acabar deveniendo ilícita al privar a la persona detenida de su libertad más tiempo del necesario, pues operaría una restricción al derecho fundamental a la libertad personal que la norma constitucional no puede, ni debe, consentir.

Esto choca frontalmente con las lógicas de los protocolos policiales de conducción de personas detenidas, la mayoría de los cuales se establecen en las grandes urbes. Así, en el caso de Barcelona, el protocolo de colaboración establece que se realizaran dos conducciones al día durante la mañana, una a las nueve y otra a las doce. Lo que implica que si, por ejemplo, una persona es detenida a las onze de la mañana y las diligencias necesarias han finalizado a las tres de la tarde, no sería trasladada ante la autoridad judicial hasta el día siguiente con la primera conducción, encontrándose privada de libertad de forma injustificada durante más de diecisiete horas. Un supuesto como éste sería del todo inadmisible des del prisma de los derechos fundamentales, la cual cosa permitiría la interposición de una solicitud de habeas corpus para conseguir acelerar la puesta a disposición de la autoridad judicial y, llegado el caso, su libertad, si el mismo es concedido.

En este sentido se ha pronunciado en diversas ocasiones el Tribunal Constitucional, siendo un ejemplo su Sentencia 224/2002, de 25 de noviembre, en un supuesto en que la puesta a disposición de la autoridad judicial no se produjo una vez acabadas las diligencias necesarias, porqué tan solo estaba prevista una única conducción a los juzgados a las ocho de la mañana:

No puede justificar en principio un alargamiento tan desproporcionado del periodo de detención, una vez declarada la conclusión de las investigaciones policiales, máxime cuando, como acontece en este caso (también en la presente demanda), se había presentado ante el Juzgado de guardia una solicitud de habeas corpus que permitió conocer, una vez remitidas, la conclusión de las diligencias policiales. (FJ 4)

De igual forma, la Sentencia  del Tribunal Constitucional 165/2007, de 2 de julio, concede amparo constitucional a una persona que había sido detenida y, una vez finalizadas las diligencias policiales, su traslado no se produjo hasta las nueve de la mañana siguiente como consecuencia de los protocolos policiales, habiéndose denegado la petición de habeas corpus:

No quedaba excluida la presentación de un detenido ante el Juez de guardia en hora distinta a la antes señalada pudiendo así el Juzgado de Instrucción de guardia recibir detenidos durante las 24 horas cuando las circunstancias así lo aconsejen.

Y a modo de conclusión, la Sentencia del Tribunal Constitucional 88/2011, de 6 de junio, consideró que:

Parece más adecuada y acorde con las exigencias constitucionales del derecho a la libertad personal, en la forma expuesta por nuestra jurisprudencia, no siendo incompatible la existencia de estos protocolos de colaboración, que pretenden ordenar el traslado de detenidos (fundamentalmente en grandes urbes, donde este tránsito es elevado), con la exigencia constitucional de no prolongar indebidamente el tiempo de detención de un ciudadano, pues ambas previsiones pueden coexistir razonablemente, ponderándose en cada caso las circunstancias particulares concurrentes.

Por estos motivos, la semana pasada, el Juzgado de guardia de Barcelona, aceptó una petición de habeas corpus de dos personas detenidas a las doce de la mañana por una búsqueda y captura, según la cual solo habían de ser llevadas ante la autoridad judicial para la notificación de un auto de apertura del juicio oral y no se les iba a trasladar hasta el día siguiente como consecuencia de los protocolos policiales de conducción. La magistrada del Juzgado de Instrucción núm. 9 de Barcelona en funciones de guardia, acordó al mismo día su libertad considerando que no se podía admitir posponer la detención más tiempo del necesario:

 

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